El debate de la dosis personal inunda todos los ámbitos de la sociedad. Desde la academia se debate la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional. Desde lo político se preguntan el trasfondo de la iniciativa (¿será por ir en contravía del principal líder de la oposición el ex magistrado Carlos Gaviria ponente de la sentencia o será una estrategia para combatir el narcotráfico?). Hasta los economistas andan sumando y restando para ver de dónde piensa el Gobierno nacional sacar la plata para la implementación de una política pública de grandes magnitudes (piensan cargarle al POS tratamientos de rehabilitación).
Pero en el fondo del debate podemos plantear dos grandes interrogantes: ¿creerá sinceramente el Presidente que castigando al consumidor se reduce la producción? O será por el contrario que el Presidente se inundó de poder y quiere imponer su visión de Estado que no incluye por supuesto, el marco jurídico actual.
El debate no es de poca monta pues, este puede ser el antecedente funesto para que en el futuro se siga desmontando la Constitución de 1991 en contravía de años de evolución del derecho constitucional en Colombia y de defensa activa por los derechos de los colombianos más desfavorecidos. Coartar las libertades individuales es un peligroso camino que Uribe ha comenzado a surcar desde hace no poco tiempo pues, su “ideología” o mejor, sus dogmas no le permiten ver que el prohibicionismo sólo conduce a un incremento no sólo en el consumo, también en la producción. Tampoco se ha dado cuenta el Gobierno de que la experiencia y la academia señalan que es imposible obligar a un adicto a rehabilitarse si no se cuenta con una auténtica voluntad. Voluntad que precisamente no puede ser coactiva. En otras palabras, de aprobarse el proyecto de ley como está millones de pesos se perderían en una lucha idiota.
Si se lee con atención la tan nombrada política de seguridad democrática en su parte que establece la lucha contra el narcotráfico se evidencia que el objetivo es incrementar los obstáculos para la producción y el transporte de la droga. Esta estrategia es totalmente errónea pues, de lograr obstaculizar todos los medios de producción lo que genera es que el negocio se vuelva aún más atractivo para millones de jóvenes de escasos recursos y poca educación que sueñan con ser “traquetos” para tener billete y mujeres.
Dentro de los dogmas del Presidente Uribe, antes liberal hoy el más conservador de todos, se encuentra uno que representa un grave peligro para los colombianos: supone que al ser máxima autoridad también es autoridad moral (jugando el papel de papá de los colombianos, no es extraño que a los periodistas les diga ‘hijitos’). Supone también que entre las tareas de su Gobierno mesiánico está salvar al individuo de sus propias decisiones, sean malas o buenas, por no estar de acuerdo con las del Presidente mismo.
El Presidente Uribe se jacta de ser un demócrata íntegro pero su comportamiento deja mucho que desear. Parece ser que el Presidente que reduce la democracia a las mayorías no cree en las libertades individuales ni tampoco en el poder de la educación. La verdadera solución no está en la prohibición sino en la educación sana y responsable. Está probando que para un líder como él el derecho no existe pues al tener el respaldo de las mayorías puede hacer lo que quiera, justo como Hitler. Y no es por exagerar, el Presidente Uribe puede entonces salir a decir que no tengan sexo por fuera del matrimonio, ni tomen guaro en una fiesta, ni vea pornografía porque es inmoral o peor aún, ¡que diga que es pecado!
Parece además que al Presidente Uribe se le olvidó que este es un país pluricultural y multi religioso y que sus muestras de extrema devoción pueden insultar y peor aún, vulnerar los derechos fundamentales de algunos ciudadanos que simplemente, no simpatizan con el catolicismo pero creen en la política y el derecho, derecho que les permite expresar su religión sin molestar a otros y sin que terceros los molesten a ellos. Sin embargo, en este país se acostumbra (ba) tener un sistema laico que permitía que la Iglesia no se entrometiera en los asuntos de Estado, pero si por Uribe fuera la Iglesia ya tendría su propio ministerio y César Mauricio estaría en su cabeza.
La sentencia de Carlos Gaviria es un tanto permisiva con el consumidor. Creo que el argumento que usa el Gobierno para justificar el proyecto de ley basándose en que los jíbaros se escudan bajo dicha disposición es una falacia de gran magnitud. Si las autoridades hicieran un ejercicio juicioso e hicieran cumplir la normatividad vigente verían que aún se considera como delito la venta de estupefacientes así que; en vez de coartar libertades podemos obligar a las autoridades a cumplir cabalmente su labor. Creo que se podrían revisar los montos que estableció la Corte Constitucional en ese entonces pues 20 gramos de marihuana es una cantidad considerable, como una salida más amable con los ciudadanos y con el ordenamiento constitucional. Al Gobierno le falta imaginación y le sobra poder.
lunes, 30 de marzo de 2009
lunes, 23 de marzo de 2009
Los nuevos ternados
La reciente publicación de las hojas de vida de los ternados por el Presidente para reemplazar a los magistrados “salientes” (desde hace ya tres meses suplentes ocupan su lugar) de la Corte Constitucional ha generado gran revuelo pues sus méritos, distan de ser los mínimos que requeriría un jurista para ocupar tan importante cargo. Las publicaciones de las que son acreedores en muchos casos no se ocupan de temas constitucionales o que involucren la defensa de derechos fundamentales; a lo mucho son artículos de opinión que reflejan ciertas posturas pero no un conocimiento rico en la materia como el que el cargo lo sugiere.
Esta no es sino otra demostración más de lo poco que le interesa al Presidente el balance de poderes que, entre más lo favorezca menos lo respeta. Actualmente, debido y gracias a la reforma constitucional que permitió la reelección del Presidente de Colombia los poderes que se habían plasmado en la parte orgánica de la Constitución han perdido validez y se encuentran pisoteados por una administración que desconoce el límite de sus poderes y del derecho mismo (y cada vez lo demuestra más).
En medio del ambiente político que ronda por estos días y que ha de permanecer mientras se tramita el referendo reeleccionista y el proyecto de ley que permitiría la reelección indefinida de alcades y gobernadores (y que se dice, podría ser la vía alternativa para que se ‘cuele’ el articulito que permita la de Uribe en caso de naufragar el referendo), no resulta entonces raro que sean abogados de poca trayectoria jurídica específicamente en el campo del derecho constitucional. Pareciera ser que estos candidatos aspiraran a la Sala Civil de la Corte Suprema.
Uribe lo que busca es tener magistrados de bolsillo que demuestren su lealtad frente a Uribe a la hora de dar su visto bueno en el control de constitucional que deben realizar al referendo previo que sea dispuesto a la elección popular (aparte de otros muy delicados e importantes temas que ha de tratar la Corte que se está formando). Así las cosas, todo parece indicar que contra viento y marea Uribe se va a hacer reelegir demostrando que su talante “democráctico” le ha hecho olvidar el sistema jurídico y las reglas de la democracia, que las cambia a su conveniencia.
El nombramiento de los personajes que van a ocupar dichos cargos debe ser algo tomado con la mayor seriedad del mundo pues, no se olvide, el poder de la Corte es muy grande y si queda en manos del ejecutivo no tendremos más democracia sino un sistema autocrático en cabeza del Presidente donde él es que decide a quién juzga y cómo lo juzga.
Al parecer la ambición personal de Uribe está por encima del bienestar de las instituciones y de la democracia colombiana, le vendría bien al “demócrata íntegro” (según lo califica José Obdulio) revisar los principios básicos de una democracia. Democracia en la que se debería resaltar la protección del pensamiento libre en vez de reprimirlo, criminalizarlo y desprestigiarlo con argumentos sesgados que polarizan a los ciudadanos. Democracia en la que deben primar los valores éticos y jurídicos. Democracia que antes, estaba en camino a la consolidación pero que gracias al pensamiento uribista (de que las mayorías son las que deciden todo sin tener en cuenta a las minorías presentes y futuras) cada vez más, parece tambalearse y amenazar con esfumarse.
La Corte Constitucional había sido hasta ahora, una institución donde se permitía el libre pensamiento y la deliberación en un ambiente de alta intelectualidad. Debilitar este modo de trabajo y de pensamiento va en contravía de la democracia, la jurisprudencia y el orden establecido. Reemplazar eminencias del derecho constitucional por abogados que han laborado en despachos privados y ejerciendo el derecho privado no sólo es errado, es moralmente incorrecto y es un hecho que constituye hoy por hoy, una infamia no sólo para el gremio de los juristas sino para Colombia entera. No obstante todo lo anterior, parece ser que Uribe, sueña con un país que no tenga la Constitución de 1991 ni la Corte Constitucional, así lo ha demostrado al menos en sus casi siete años de gobierno.
La Corte Constitucional es un patrimonio de los colombianos, es un patrimonio que ha luchado incesantemente y con gran ahínco por los derechos de todos los ciudadanos y es éste patrimonio, el que está en juego hoy gracias a las malas mañas del Presidente Uribe.
• Rojas Birri no sólo está impedido moralmente sino también jurídicamente para seguir en el cargo que hoy ostenta. Ha perdido el apoyo de sus copartidarios y de la ciudadanía en general. Le haría bien al distrito y a la institución hacerse a un lado mientras se realizan las debidas investigaciones siempre, protegiendo la presunción de inocencia. El personero se debe poder defender pero no bajo la majestuosidad de su cargo.
Esta no es sino otra demostración más de lo poco que le interesa al Presidente el balance de poderes que, entre más lo favorezca menos lo respeta. Actualmente, debido y gracias a la reforma constitucional que permitió la reelección del Presidente de Colombia los poderes que se habían plasmado en la parte orgánica de la Constitución han perdido validez y se encuentran pisoteados por una administración que desconoce el límite de sus poderes y del derecho mismo (y cada vez lo demuestra más).
En medio del ambiente político que ronda por estos días y que ha de permanecer mientras se tramita el referendo reeleccionista y el proyecto de ley que permitiría la reelección indefinida de alcades y gobernadores (y que se dice, podría ser la vía alternativa para que se ‘cuele’ el articulito que permita la de Uribe en caso de naufragar el referendo), no resulta entonces raro que sean abogados de poca trayectoria jurídica específicamente en el campo del derecho constitucional. Pareciera ser que estos candidatos aspiraran a la Sala Civil de la Corte Suprema.
Uribe lo que busca es tener magistrados de bolsillo que demuestren su lealtad frente a Uribe a la hora de dar su visto bueno en el control de constitucional que deben realizar al referendo previo que sea dispuesto a la elección popular (aparte de otros muy delicados e importantes temas que ha de tratar la Corte que se está formando). Así las cosas, todo parece indicar que contra viento y marea Uribe se va a hacer reelegir demostrando que su talante “democráctico” le ha hecho olvidar el sistema jurídico y las reglas de la democracia, que las cambia a su conveniencia.
El nombramiento de los personajes que van a ocupar dichos cargos debe ser algo tomado con la mayor seriedad del mundo pues, no se olvide, el poder de la Corte es muy grande y si queda en manos del ejecutivo no tendremos más democracia sino un sistema autocrático en cabeza del Presidente donde él es que decide a quién juzga y cómo lo juzga.
Al parecer la ambición personal de Uribe está por encima del bienestar de las instituciones y de la democracia colombiana, le vendría bien al “demócrata íntegro” (según lo califica José Obdulio) revisar los principios básicos de una democracia. Democracia en la que se debería resaltar la protección del pensamiento libre en vez de reprimirlo, criminalizarlo y desprestigiarlo con argumentos sesgados que polarizan a los ciudadanos. Democracia en la que deben primar los valores éticos y jurídicos. Democracia que antes, estaba en camino a la consolidación pero que gracias al pensamiento uribista (de que las mayorías son las que deciden todo sin tener en cuenta a las minorías presentes y futuras) cada vez más, parece tambalearse y amenazar con esfumarse.
La Corte Constitucional había sido hasta ahora, una institución donde se permitía el libre pensamiento y la deliberación en un ambiente de alta intelectualidad. Debilitar este modo de trabajo y de pensamiento va en contravía de la democracia, la jurisprudencia y el orden establecido. Reemplazar eminencias del derecho constitucional por abogados que han laborado en despachos privados y ejerciendo el derecho privado no sólo es errado, es moralmente incorrecto y es un hecho que constituye hoy por hoy, una infamia no sólo para el gremio de los juristas sino para Colombia entera. No obstante todo lo anterior, parece ser que Uribe, sueña con un país que no tenga la Constitución de 1991 ni la Corte Constitucional, así lo ha demostrado al menos en sus casi siete años de gobierno.
La Corte Constitucional es un patrimonio de los colombianos, es un patrimonio que ha luchado incesantemente y con gran ahínco por los derechos de todos los ciudadanos y es éste patrimonio, el que está en juego hoy gracias a las malas mañas del Presidente Uribe.
• Rojas Birri no sólo está impedido moralmente sino también jurídicamente para seguir en el cargo que hoy ostenta. Ha perdido el apoyo de sus copartidarios y de la ciudadanía en general. Le haría bien al distrito y a la institución hacerse a un lado mientras se realizan las debidas investigaciones siempre, protegiendo la presunción de inocencia. El personero se debe poder defender pero no bajo la majestuosidad de su cargo.
lunes, 16 de marzo de 2009
Parapolítica: verdades y mentiras.
El libro-respuesta que afanosamente publicó (septiembre 2008) el Gobierno central en cabeza de el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria está plagado de ataques personales, argumentos sesgados y un dogmatismo que difícilmente se puede comprender (Claro está, no deberiamos asombrarnos pues es la misma táctica utilizada por el propio Uribe para estigmatizar y polarizar la opinión). José Obdulio tiene la arrogante costumbre de considerar a su interlocutor como un incapaz mental que nada puede opinar, argumentar o mejor aún, comprobar. Basta con leer las primeras cincuenta páginas del libro para darse cuenta del afán del Presidente por “desenlodar” a sus amigos parapolíticos que hoy por hoy, gracias a los informes de Arco Iris que han servido a la justicia en cabeza de la Fiscalía, reposan en La Picota y la Modelo.
José Obdulio comienza recordando a todos los miembros de Arco Iris como si fueran guerrilleros activos hoy. Todos ellos, -los que pertenecieron en su momento al ELN- fueron objeto de amnistías e indultos que vinieron de la mano con el proceso de paz de finales de los ochenta y que en todo caso, no tiene sentido reavivar esos debates pues no alimenta en nada el ambiente de paz que deberia primar y por el contrario, genera odios infundados e intolerancia frente a l. No se puede desconocer su antecedente histórico pues, hace parte de la memoria colectiva. Lo que no se debe es, tachar de ilegítimos o ilegales los datos presentados por Arco Iris por el pasado de sus miembros. Que el que los publique sea un exguerrillero no significa que sean menos ciertos. No es difícil esculcar en las vidas tanto de Uribe como del mismo José Obdulio para encontrar hechos deshonrosos: Uribe y su padre aparecieron en informes de la DEA a principios de los noventa como narcotraficantes, y el segundo, tristemente célebre conocido como primo del extinto rey narco Pablo Escobar. Así que, José Obdulio, a mirar por el retrovisor de otro por que si miramos por el tuyo, nos va de lo peor.
Por otra parte, los argumentos esgrimidos por Gaviria no desvirtúan los movimientos electorales atípicos que presentaron los amigos del gobierno gracias a la ayuda de los paramilitares: lo único que se limita a argumentar es que en una democracia se supone que de unas elecciones a otras, los resultados “terminen siendo atípicos” (Arguye que lo preocupante sería que no fueran atípicos los resultados). Lo que no se tomó la molestia de hacer el ex asesor presidencial –en parte por estar odiando con todas sus fuerzas a Claudia López y atacandola personalmente por su manera de pensar- fue cotejar esas cifras, con las obtenidas en años anteriores sumándole, el hecho de si fueron o no a hacer campaña a esos lugares y no limitándose a argumentar que fueron "impulsados" por estar del lado del candidato Uribe. No se imagina uno por ejemplo, que el Gordo García ande por ahí haciendo campaña en pequeños caseríos de Córdoba.
José Obdulio es una creación mediática como lo afirmó el Senador Benedetti en la Revista Semana del domingo 15 de Marzo, pero además, es una personalidad vacía que no ve más allá de sus propios dogmas y paradigmas. José Obdulio está empeñado en imaginar un país sin la Constitución del 91, que para él, es una desgracia. Tan sólo éste antecedente ya nos debería dar a los colombianos una razón de fondo para replantearnos la idea que tenemos de este personajillo infame. José Obdulio se estanca en sus propios debates semánticos que a nadie interesa, es tan creído y falaz que las palabras que salen de su boca están predeterminadas a hacer un ataque personal, mentiroso y caprichoso y no a desvirtuar los argumentos de fondo.
Lo que más nos debería sorprender a los colombianos, es la peligrosa cercanía que dicen, tenía con el Presidente Uribe. Además de no ser servidor público, razón por la cual un magistrado –ante los ataques y arremetidas contra la CSJ atinadamente no ‘respondió’ a sus ataques porque no gozaba de ningún fuero- ignoró sus palabras, el ex asesor presidencial podía salir a maldecir e insultar a quien se le pasara por el lado sin consideración alguna y sin que nadie lo sancionara por sus posibles intromisiones en asuntos que no son de su "competencia", ni incumbencia.
Demos gracias (¿?) a Uribe por haberlo ‘sacado’ del staff de su despacho. Sin embargo, no podemos olvidar a este prepotente, infame y caricaturesco personaje pues de seguro, nos va a causar muchos dolores de cabeza en el futuro próximo. Se dice, que podría ir al Senado por el nuevo partido uribista que está por formarse. No obstante, también existe el grave peligro de que este insensato dogmático llegue a formar parte de la Honorable e irrespetada –por Uribe- Corte Constitucional. De llegarse a dar la trágica segunda posibilidad, estaríamos en grave peligro no sólo de ver de nuevo un Estado liderado por la Iglesia católica, sino un Estado ya no social de derecho, sino de derecha.
José Obdulio comienza recordando a todos los miembros de Arco Iris como si fueran guerrilleros activos hoy. Todos ellos, -los que pertenecieron en su momento al ELN- fueron objeto de amnistías e indultos que vinieron de la mano con el proceso de paz de finales de los ochenta y que en todo caso, no tiene sentido reavivar esos debates pues no alimenta en nada el ambiente de paz que deberia primar y por el contrario, genera odios infundados e intolerancia frente a l. No se puede desconocer su antecedente histórico pues, hace parte de la memoria colectiva. Lo que no se debe es, tachar de ilegítimos o ilegales los datos presentados por Arco Iris por el pasado de sus miembros. Que el que los publique sea un exguerrillero no significa que sean menos ciertos. No es difícil esculcar en las vidas tanto de Uribe como del mismo José Obdulio para encontrar hechos deshonrosos: Uribe y su padre aparecieron en informes de la DEA a principios de los noventa como narcotraficantes, y el segundo, tristemente célebre conocido como primo del extinto rey narco Pablo Escobar. Así que, José Obdulio, a mirar por el retrovisor de otro por que si miramos por el tuyo, nos va de lo peor.
Por otra parte, los argumentos esgrimidos por Gaviria no desvirtúan los movimientos electorales atípicos que presentaron los amigos del gobierno gracias a la ayuda de los paramilitares: lo único que se limita a argumentar es que en una democracia se supone que de unas elecciones a otras, los resultados “terminen siendo atípicos” (Arguye que lo preocupante sería que no fueran atípicos los resultados). Lo que no se tomó la molestia de hacer el ex asesor presidencial –en parte por estar odiando con todas sus fuerzas a Claudia López y atacandola personalmente por su manera de pensar- fue cotejar esas cifras, con las obtenidas en años anteriores sumándole, el hecho de si fueron o no a hacer campaña a esos lugares y no limitándose a argumentar que fueron "impulsados" por estar del lado del candidato Uribe. No se imagina uno por ejemplo, que el Gordo García ande por ahí haciendo campaña en pequeños caseríos de Córdoba.
José Obdulio es una creación mediática como lo afirmó el Senador Benedetti en la Revista Semana del domingo 15 de Marzo, pero además, es una personalidad vacía que no ve más allá de sus propios dogmas y paradigmas. José Obdulio está empeñado en imaginar un país sin la Constitución del 91, que para él, es una desgracia. Tan sólo éste antecedente ya nos debería dar a los colombianos una razón de fondo para replantearnos la idea que tenemos de este personajillo infame. José Obdulio se estanca en sus propios debates semánticos que a nadie interesa, es tan creído y falaz que las palabras que salen de su boca están predeterminadas a hacer un ataque personal, mentiroso y caprichoso y no a desvirtuar los argumentos de fondo.
Lo que más nos debería sorprender a los colombianos, es la peligrosa cercanía que dicen, tenía con el Presidente Uribe. Además de no ser servidor público, razón por la cual un magistrado –ante los ataques y arremetidas contra la CSJ atinadamente no ‘respondió’ a sus ataques porque no gozaba de ningún fuero- ignoró sus palabras, el ex asesor presidencial podía salir a maldecir e insultar a quien se le pasara por el lado sin consideración alguna y sin que nadie lo sancionara por sus posibles intromisiones en asuntos que no son de su "competencia", ni incumbencia.
Demos gracias (¿?) a Uribe por haberlo ‘sacado’ del staff de su despacho. Sin embargo, no podemos olvidar a este prepotente, infame y caricaturesco personaje pues de seguro, nos va a causar muchos dolores de cabeza en el futuro próximo. Se dice, que podría ir al Senado por el nuevo partido uribista que está por formarse. No obstante, también existe el grave peligro de que este insensato dogmático llegue a formar parte de la Honorable e irrespetada –por Uribe- Corte Constitucional. De llegarse a dar la trágica segunda posibilidad, estaríamos en grave peligro no sólo de ver de nuevo un Estado liderado por la Iglesia católica, sino un Estado ya no social de derecho, sino de derecha.
domingo, 1 de marzo de 2009
La cortina de humo
Las recientes salidas en falso del ‘asesor’ presidencial muestran el afán de la Casa de Nariño por desviar la atención de la opinión pública sobre las muy serias y graves faltas que se han cometido por y dentro del DAS. Los últimos dos días Gaviria ha aparecido en todo tipo de entrevistas y debates tanto televisados como radiodifundidos; la primera de ellas una penosa –menos mal que fue corta- intervención en los medios de comunicación en la que se enredó con sus propias palabras tratando de echarle la culpa al director de la revista Semana por la publicación de las interceptaciones ilegales
El debate sobre la publicación de las grabaciones tiene varias posturas, una de ellas, la que sostiene el ‘asesor’ presidencial señala que una de las formas de comisión del delito que se configura en el tipo penal 192 que establece que “si el autor de la conducta –ilícitamente conocer una comunicación privada- revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro” incurre en una falta que interesa al derecho penal. Es decir, Semana estaría –según la tesis de José Obdulio- cometiendo un delito al publicar el contenido de las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS. Es un debate perfectamente discutible que sin duda va a entrar en tensión con la libertad de información, la protección de las fuentes y el derecho de los medios a informar debidamente los hechos que lesionan el Estado social de derecho.
El hecho es que no se puede ahora centrar el debate en deslegitimar el mensajero para olvidarse del tema de fondo: la grave situación del DAS. que corre el peligro de desaparecer prontamente pues ha demostrado en los últimos años ser un nido de ratas que utilizan los mecanismos de inteligencia a favor de intereses oscuros y particulares. Sin duda las declaraciones y los ataques de José Obdulio –que han tocado hasta la Corte Suprema de Justicia- muestran un afán por minimizar el problema a sabiendas que es una salpicada directa al Despacho presidencial. No podemos olvidar que el DAS depende directamente de el Presidente de la República y en ése sentido, es difícil creer que no se sabe lo que pasa al interior del organismo. Más aún cuando en los últimos años se han cambiado ya 3 directores, uno de los cuales está tras las rejas por poner a disposición de éstos el DAS y que debe recordarse bien, fue nombrado por el Presidente quien califico como "un buen muchacho".
Una vez más se muestran los malos hábitos políticos y autoritarios del Presidente al tratar de minimizar los problemas gravísimos que se presentan en el país en vez de ponerles el pecho y aceptar su responsabilidad. Ya una vez dijo que a la oposición en Colombia se le hacían seguimientos e inteligencia militar para saber en dónde andaban, con quién y para qué. Lo anterior, claros síntomas de que el espíritu demócrata del Presidente parece haberse diluido con el paso del tiempo; probando una vez que la permanencia en el poder lo único que hace es alimentar el deseo de permanencia siempre deslegitimando a la oposicion, haciendo ataques personales y desobligante y en consecuencia polarizando a la opinión pública en un pais donde la tolerancia politica cada vez es mas reducida.
El Presidente debería concentrarse en solucionar los problemas de fondo que más lo aquejan y no tratar de ocultar los síntomas de una enfermedad grave debajo del colchón. Puede que esos síntomas de una enfermedad grave se conviertan en la muerte del Estado social de derecho como lo conocemos y la bienvenida a un régimen totalitario. Jose Obdulio ha demostrado ser un personajillo que esta dispuesto a enfrentarse a quien sea con tal de esconder las fallas graves del Presidente y su staff. Jose Obdulio Es una cortina de humo.
El debate sobre la publicación de las grabaciones tiene varias posturas, una de ellas, la que sostiene el ‘asesor’ presidencial señala que una de las formas de comisión del delito que se configura en el tipo penal 192 que establece que “si el autor de la conducta –ilícitamente conocer una comunicación privada- revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro” incurre en una falta que interesa al derecho penal. Es decir, Semana estaría –según la tesis de José Obdulio- cometiendo un delito al publicar el contenido de las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS. Es un debate perfectamente discutible que sin duda va a entrar en tensión con la libertad de información, la protección de las fuentes y el derecho de los medios a informar debidamente los hechos que lesionan el Estado social de derecho.
El hecho es que no se puede ahora centrar el debate en deslegitimar el mensajero para olvidarse del tema de fondo: la grave situación del DAS. que corre el peligro de desaparecer prontamente pues ha demostrado en los últimos años ser un nido de ratas que utilizan los mecanismos de inteligencia a favor de intereses oscuros y particulares. Sin duda las declaraciones y los ataques de José Obdulio –que han tocado hasta la Corte Suprema de Justicia- muestran un afán por minimizar el problema a sabiendas que es una salpicada directa al Despacho presidencial. No podemos olvidar que el DAS depende directamente de el Presidente de la República y en ése sentido, es difícil creer que no se sabe lo que pasa al interior del organismo. Más aún cuando en los últimos años se han cambiado ya 3 directores, uno de los cuales está tras las rejas por poner a disposición de éstos el DAS y que debe recordarse bien, fue nombrado por el Presidente quien califico como "un buen muchacho".
Una vez más se muestran los malos hábitos políticos y autoritarios del Presidente al tratar de minimizar los problemas gravísimos que se presentan en el país en vez de ponerles el pecho y aceptar su responsabilidad. Ya una vez dijo que a la oposición en Colombia se le hacían seguimientos e inteligencia militar para saber en dónde andaban, con quién y para qué. Lo anterior, claros síntomas de que el espíritu demócrata del Presidente parece haberse diluido con el paso del tiempo; probando una vez que la permanencia en el poder lo único que hace es alimentar el deseo de permanencia siempre deslegitimando a la oposicion, haciendo ataques personales y desobligante y en consecuencia polarizando a la opinión pública en un pais donde la tolerancia politica cada vez es mas reducida.
El Presidente debería concentrarse en solucionar los problemas de fondo que más lo aquejan y no tratar de ocultar los síntomas de una enfermedad grave debajo del colchón. Puede que esos síntomas de una enfermedad grave se conviertan en la muerte del Estado social de derecho como lo conocemos y la bienvenida a un régimen totalitario. Jose Obdulio ha demostrado ser un personajillo que esta dispuesto a enfrentarse a quien sea con tal de esconder las fallas graves del Presidente y su staff. Jose Obdulio Es una cortina de humo.
martes, 10 de febrero de 2009
Un Ministro obsoleto
Desde los tiempos de la colonia los colombianos hemos soportado las inclemencias de la vasta y variada geografía de nuestro país. Sin embargo, es una infamia la crisis de infraestructura en la que se encuentra sumido el país. Las grandes y medianas ciudades del país atraviesan condiciones particularmente similares: huecos, huecos y trancones. Pocas de las carreteras importantes del país se encuentran en buenas condiciones que ofrezcan seguridad y tranquilidad a los viajeros. Atravesar el país es una odisea que cobra al año cientos de vidas. Basta mirar los seis meses anteriores donde en sólo dos accidentes (uno en la vía que comunica Nariño con Putumayo y el segundo, la que comunica al Chocó con Antioquia), las vías del país cobraron las vidas de más de cincuenta personas (numerosos niños entre los muertos).
Si bien no se puede culpar al jefe de la cartera de transporte por errores cometidos históricamente, sí se le puede reprochar la ineficacia de su labor en cuanto ejecución de obras se refiere. No es fortuito tampoco que este tipo de situaciones embarazosas se den a pesar de los nombramientos de personajillos como Daniel García, el destituido pero intocable director de Invías que resulta ser un consentido más de nuestro ‘glorioso’ Mr. President. El mismo que llegó a ese cargo con la complacencia del primer mandatario que conocía perfectamente los impedimentos que se presentaban en cada uno de los nombramientos que él mismo aprobó y realizó. Lo mismo ocurre con el Ministro de Transporte: la cartera más ineficiente del gobierno central y la que se ha llevado gran parte de las críticas de los opositores. Sin embargo, Andrés Uriel Gallego no deja su despacho porque resulta ser uno de los hombres más cercanos al Presidente, y a pesar de su incompetencia, merece un puesto en el gabinete por todos estos años de lealtad.
Lo cierto es que el Gobierno central ha descuidado muchos de los asuntos que más debería cuidar pues no todo se trata de seguridad. Si bien la seguridad trae confianza y desarrollo, éste último sólo es posible con una infraestructura moderna que ofrezca las condiciones para que el país mejore el tráfico de bienes y servicios. Mientras el país se sumerge en “fallas geológicas” –única respuesta que dan al mal estado de las vías-, el Ministro no hace un seguimiento diligente de las vías que están a su cargo y por eso el mal estado de las vías que se supone, están a cargo de concesionarios que realizarían grandes inversiones. Ejemplo de lo anterior es la vía que conduce de Villeta a Honda: es intransitable pues hasta maleza la cubre –a pesar de ser una doble calzada que fue construida hace menos de 6 años-.
En resumidas cuentas, el Ministerio de Transporte necesita una seria intervención que le proporcione además de herramientas para perseguir a los concesionarios que violan sistemáticamente los derechos de los ciudadanos, un presupuesto que implique un giro de 180º en la política de infraestructura del país.
Por último: bochornosa la pataleta pública del Comisionado de Paz, como si fuera un niño que no le compran el juguetico que queria.
Si bien no se puede culpar al jefe de la cartera de transporte por errores cometidos históricamente, sí se le puede reprochar la ineficacia de su labor en cuanto ejecución de obras se refiere. No es fortuito tampoco que este tipo de situaciones embarazosas se den a pesar de los nombramientos de personajillos como Daniel García, el destituido pero intocable director de Invías que resulta ser un consentido más de nuestro ‘glorioso’ Mr. President. El mismo que llegó a ese cargo con la complacencia del primer mandatario que conocía perfectamente los impedimentos que se presentaban en cada uno de los nombramientos que él mismo aprobó y realizó. Lo mismo ocurre con el Ministro de Transporte: la cartera más ineficiente del gobierno central y la que se ha llevado gran parte de las críticas de los opositores. Sin embargo, Andrés Uriel Gallego no deja su despacho porque resulta ser uno de los hombres más cercanos al Presidente, y a pesar de su incompetencia, merece un puesto en el gabinete por todos estos años de lealtad.
Lo cierto es que el Gobierno central ha descuidado muchos de los asuntos que más debería cuidar pues no todo se trata de seguridad. Si bien la seguridad trae confianza y desarrollo, éste último sólo es posible con una infraestructura moderna que ofrezca las condiciones para que el país mejore el tráfico de bienes y servicios. Mientras el país se sumerge en “fallas geológicas” –única respuesta que dan al mal estado de las vías-, el Ministro no hace un seguimiento diligente de las vías que están a su cargo y por eso el mal estado de las vías que se supone, están a cargo de concesionarios que realizarían grandes inversiones. Ejemplo de lo anterior es la vía que conduce de Villeta a Honda: es intransitable pues hasta maleza la cubre –a pesar de ser una doble calzada que fue construida hace menos de 6 años-.
En resumidas cuentas, el Ministerio de Transporte necesita una seria intervención que le proporcione además de herramientas para perseguir a los concesionarios que violan sistemáticamente los derechos de los ciudadanos, un presupuesto que implique un giro de 180º en la política de infraestructura del país.
Por último: bochornosa la pataleta pública del Comisionado de Paz, como si fuera un niño que no le compran el juguetico que queria.
domingo, 25 de enero de 2009
Las mañas del Coronel Plazas Vega
Las trabas y el entorpecimiento de procesos jurídicos no son nada nuevo en Colombia. Es común ver en los noticieros cómo salen libres criminales capturados en flagrancia por vencimiento de términos –como sucedió durante la vigencia del paro judicial-. Esto último, a lo que le apunta el famoso Coronel Plazas Vega, otrora encargado de “recuperar la democracia” en aquellos funestos hechos de noviembre de 1985.
No se trata aquí de prejuzgar a alguien a quien la justicia no ha condenado aún, pero sí se trata de reprochar –al menos moralmente- las mañas y trucos que ha utilizado el Coronel para escapar del juicio que se le sigue por el desaparecimiento de algunos sobrevivientes de la toma del palacio por parte del grupo guerrillero M-19. El más reciente truco de su amplio repertorio fue lograr que un juez militar -que probablemente ya está en la mira de las autoridades- alegara competencia dentro del proceso para así suspenderlo y buscar que el expediente se devuelva a la justicia penal militar.
Ya se ha dicho muchas veces antes que para el tipo de delitos que se le imputan al Coronel no se puede considerar como una falta bajo el servicio, sino como un delito que lo debía juzgar la justicia ordinaria y por la misma vía excluir a la penal militar. Se ha visto antes el favorecimiento que se les ha dado a algunos miembros de la fuerza pública cuando se les siguen procesos de ésta índole bajo la justicia militar y por eso, la jurisprudencia ha sentado el precedente para que esos casos de delitos que involucran DDHH sean investigados y juzgados por vía ordinaria.
Han pasado ya más de veinte años sin que se sepa a ciencia cierta las condiciones de tiempo, modo y lugar en que fallecieron los sobrevivientes de la toma aquél noviembre. Las víctimas siguen exigiendo verdad y justicia en un acto de valentía y persistencia. Ahora todo está en manos del Consejo Superior de la Judicatura que se encargará de resolver este conflicto de competencia. Deja mucho que desear un personaje que se trata de escabullir a la justicia en vez de enfrentarla con tranquilidad.
Una vez más, una muestra clara de cómo en Colombia los deberes morales siempres van por debajo de los intereses personales.
Por otra parte, esta va a ser una oportunidad para que la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se estrene y demuestre que a pesar de haber sufrido los embates de los nombramientos políticos –gracias al Presidente Uribe- puede decidir en derecho y ajustarse al orden constitucional.
martes, 30 de septiembre de 2008
Los nuevos magistrados de la Sala Disciplinaria
El nombramiento de Ovidio Claros y Pedro Alonso Sanabria pone a temblar a todas las altas Cortes de la rama jurisdiccional.
Por una parte, el primero de ellos, no debió haber sido elegido en primer lugar dado que tiene cuentas pendientes con la justicia, específicamente con la jurisdicción de familia donde cursa un proceso en su contra por no pagar alimentos de sus hijos (¡qué exabrupto: un abogado de tal “talla”!). En segundo lugar, graves acusaciones en su contra por su desempeño como Contralor de Bogotá (actualmente cursa en su contra un proceso de responsabilidad fiscal por contrataciones irregulares). Adicionalmente, el nuevo magistrado de la sala disciplinaria (encargado de juzgar a los que han juzgado a los parlamentarios involucrados en parapolítica) tiene antecedentes que lo vinculan directamente con la política, el clientelismo y unos resultados que poco o nada dicen de una gestión aunque fuera, decente.
Este es uno de los personajes nombrados a dedo por el Presidente Uribe, que en vez de contribuir a fortalecer las instituciones con la participación de grandes juristas que defiendan el Estado social de derecho, muestra un clientelismo que no tiene límites y que lo único que busca es politizar las decisiones de la justicia a través de favores y prebendas.
El segundo personaje, el “Dr.” Sanabria tiene más experiencia en las campañas locales que en el campo del derecho. Mucho menos es un gran jurista, es una cuota directa del cuestionado líder conservador Ciro Ramírez. Todo esto, denunciado por el periodista Daniel Coronell.
Lo que debemos proponer, además de analizar lo que se está proponiendo en la actual reforma a la Justicia y la otra reforma, la política, es en primer lugar: un sistema de elección justo y meritocrático de los jueces de las altas cortes; segundo, que asegure que se lleva una trayectoria intachable no en el mundo político sino en el mundo jurídico, ya sea como abogado privado o como académico además de la obvia y obligatoria opción de la carrera judicial; tercero, que blinde las altas cortes de nombramientos políticos como el de Ovidio Claros y mucho otros; cuarto, establecer inhabilidades obvias como el requisito de no tener procesos judiciales pendientes (que actualmente existe pero al parecer: poco le importa a nuestro Presidente).
Por otra parte, en columna de esta Semana, la periodista María Jimena Duzán hizo la grave acusación según la cual, el magistrado Claros y el magistrado Sanabria, recibirían las tutelas que se interpongan contras las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema, claro está, referidas a los procesos de la parapolítica: no tiene presentación que el nombramiento de estos dos cuestionados personajes obedezca a la intención del Presidente de sacar a sus amigos de los problemas y decisiones de la Justicia.
Por una parte, el primero de ellos, no debió haber sido elegido en primer lugar dado que tiene cuentas pendientes con la justicia, específicamente con la jurisdicción de familia donde cursa un proceso en su contra por no pagar alimentos de sus hijos (¡qué exabrupto: un abogado de tal “talla”!). En segundo lugar, graves acusaciones en su contra por su desempeño como Contralor de Bogotá (actualmente cursa en su contra un proceso de responsabilidad fiscal por contrataciones irregulares). Adicionalmente, el nuevo magistrado de la sala disciplinaria (encargado de juzgar a los que han juzgado a los parlamentarios involucrados en parapolítica) tiene antecedentes que lo vinculan directamente con la política, el clientelismo y unos resultados que poco o nada dicen de una gestión aunque fuera, decente.
Este es uno de los personajes nombrados a dedo por el Presidente Uribe, que en vez de contribuir a fortalecer las instituciones con la participación de grandes juristas que defiendan el Estado social de derecho, muestra un clientelismo que no tiene límites y que lo único que busca es politizar las decisiones de la justicia a través de favores y prebendas.
El segundo personaje, el “Dr.” Sanabria tiene más experiencia en las campañas locales que en el campo del derecho. Mucho menos es un gran jurista, es una cuota directa del cuestionado líder conservador Ciro Ramírez. Todo esto, denunciado por el periodista Daniel Coronell.
Lo que debemos proponer, además de analizar lo que se está proponiendo en la actual reforma a la Justicia y la otra reforma, la política, es en primer lugar: un sistema de elección justo y meritocrático de los jueces de las altas cortes; segundo, que asegure que se lleva una trayectoria intachable no en el mundo político sino en el mundo jurídico, ya sea como abogado privado o como académico además de la obvia y obligatoria opción de la carrera judicial; tercero, que blinde las altas cortes de nombramientos políticos como el de Ovidio Claros y mucho otros; cuarto, establecer inhabilidades obvias como el requisito de no tener procesos judiciales pendientes (que actualmente existe pero al parecer: poco le importa a nuestro Presidente).
Por otra parte, en columna de esta Semana, la periodista María Jimena Duzán hizo la grave acusación según la cual, el magistrado Claros y el magistrado Sanabria, recibirían las tutelas que se interpongan contras las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema, claro está, referidas a los procesos de la parapolítica: no tiene presentación que el nombramiento de estos dos cuestionados personajes obedezca a la intención del Presidente de sacar a sus amigos de los problemas y decisiones de la Justicia.
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