¡Qué cinismo!

Leer la columna de opinión de José Obdulio en El Tiempo es un ejercicio dispendioso. No por su extensión, ni por su lenguaje soez e hipócrita, sino por que frase tras frase lo único que se limita a decir son falacias del mayor calibre recargadas de la peor agresividad. José Obdulio es el testaferro ideológico del presidente Uribe, ése presidente que ya no lee prensa ni ve noticieros pero que manda a sus secuaces a defender sus abusos y disfrazar sus embarradas. Claro ejemplo de esto es la columna publicada hoy miércoles 13 de mayo de 2009; para comenzar, el artículo osa llamarse “sí a la reelección”. Como es costumbre, introduce el tema con un sesgo que resulta peligroso y que apunta a polarizar la opinión. Véamos cómo se refiere a los no uribistas (hemos dicho en estas páginas que no se hablará de antiuribistas): “La minoría política colombiana, la secta de la antirreelección, está convencida de que la mayoría política, los reeleccionistas, somos una turbamulta de oligofrénicos y tarados.”. Se debe resaltar que los términos con que el señor Gaviria se refiere a la minoría colombiana apuntan precisamente a compararla con una “secta”; las sectas bien se sabe, sea cual se su razón, no son conocidas como una buena cualidad. Utilizar este lenguaje maquillado y mediocre envía un mensaje agresivo nada conveniente para la deliberación colectiva y el ejercicio democrático.

Sigamos adelante: para José Obdulio está claro que los que no están con Uribe necesariamente deben estar con el enemigo, esto es: las FARC. Veamos estas líneas pobremente escritas y dolorosamente leídas; así se refiere a la necesidad de no promover la nueva reelección y los motivos que tenemos para oponernos a ella: “por fin se ha encontrado al líder que ha de suceder al tirano Uribe, al guerrerista, al insensato que nos quita al Caguán, nos niega el acuerdo humanitario para canjear 'prisioneros de guerra' en manos del Estado por 'prisioneros de guerra' en manos de la guerrilla (que el Presidente, intransigente, insiste en mal llamar secuestrados); que trabaja los sábados y domingos (que son días de guardar) y pretende contradecir el mandato divino, que ellos sí sabrán respetar, de que Colombia sea, por siempre, un país mal gobernado, pobre y violento”.

Estas líneas del testaferro mediático de Uribe demuestran claramente el pensamiento retrógrada que trata de imponer el Presidente, como figura autoritaria y omnipotente que es, violando la Constitución y las leyes, los valores democráticos, éticos y políticos. Para Gaviria y Uribe, el único capaz de manejar las riendas del país es el Presidente y para ello se sirven de interpretaciones reforzadas de los hechos que se limitan a discusiones semánticas muchas veces, y otras a interpretaciones o percepciones. Es que no es sólo esta columna, también ya se ha hablado en estas páginas del libro sobre Parapolítica y de los mismos argumentos sesgados e irracionales de un personaje que se jacta de ser un “académico”; por ejemplo, afirmar que deseamos el regreso de la Zona de Distensión.

Si Gaviria fuese la mitad de lo académico que dice ser, se opondría por simple sentido común a la imposición de una reelección. Parece ser que la formación de Gaviria ha sido siempre ser un segundón, un mandadero que hace el trabajo sucio y que no recibe crédito sino huevos en la cabeza.

Ahora este personajillo de quinta, pretende lanzarse al Congreso; Con Ojos de Estudiante se pregunta: ¿quién será tan insensato como para votar por personaje tan tenebroso?

PUNTILLA: son muchos los escándalos que amenazan la popularidad de Uribe: DAS, zona franca Uribe-Moreno, falsos positivos, parapolítica, al mismo tiempo, ya comienzan a verse la cortinas de humo como la salida en falso del Dr. Ternura ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo al negar la existencia las chuzadas, la oferta de recompensas por información de los culpables de la chuzadas (¿ya denunciaron a José Obdulio?) y debate en el Senado ayer por la zona franca al cual Tom y Jerry no asistieron por miedo a quedar en evidencia públicamente: lamentable lamentable. El régimen tiembla y parece ser que el sol le pega en la espalda en su séptimo año de mandato.

¿Reelección?

Parece ser que la agenda legislativa sólo se ocupará de los referendos: agua, prisión perpetua para violadores y reelección (desde la promulgación de la Constitución de 1991 no había representimiento comparable de proyectos, hoy supera la cifra por más de 70 proyectos). Los legisladores colombianos siempre se han caracterizado por aprobar reformas y leyes sin mayor discusión, es parte de una deficiente cultura democrática. Se dio en la primera reelección y se está dando con la discusión del referendo promovido por la bancada de gobierno. Las consecuencias institucionales de la modificación que se pretende hacer a la constitución no han sido contempladas y aquellos de la oposición que tratan de promover un debate de altura se quedan con los crespos hechos ante la apatía y el silencio de la bancada de gobierno.

Es lamentable que un asunto de mayor trascendencia pase sin mayor discusión los debates que por ley debe transitar. Los parlamentarios colombianos le hacen el quite a su responsabilidad política; responsabilidad que no debe reducirse a votar sino, a votar a sabiendas de que se ha llevado una discusión seria y respetuosa independientemente de si se está o no de acuerdo con la iniciativa. Es esa misma irresponsabilidad la que ha mostrado el Presidente durante sus siete años de gobierno. Para comenzar, la bandera principal de campaña (además del corazón grande y su mano fuerte) era cero politiquería; pues bien, parece ser que durante el mandato de Uribe, además de torcerle el cuello a la ley cuantas veces se ha querido, se ha promovido un clientelismo que parece ajeno a esta cultura política corrupta e ignorante.

No se trata aquí de si somos o no uribistas, se trata de la defensa de la democracia propiamente dicha. Es decir, la discusión que se debe dar en el Congreso respecto al Acto Legislativo que pretende cambiar la elección del Presidente, debe ser responsable y debe tocar temas de fondo y no limitarse a la redacción de la propuesta de artículo o a las discusiones semánticas de la misma; una reforma constitucional como la que se pretende aprobar modifica cuestiones de fondo, como la elección de entes de control y altos magistrados (no cuestiones ligeras o de poca monta).

Lo menos que podemos exigir de nuestros representantes, incluyendo los de la bancada de gobierno (que como los señaló la revista SEMANA parecen borregos que responden sólo a burocracia), es que se discutan la reforma y sus consecuencias sin el sesgo personalista que crea Uribe (o la necesidad de vencer a los adversarios del mismo).

Todo lo anterior no se daría en un país que le da prioridad a los valores democráticos antes que a los intereses personalistas. Lo lamentable es que Uribe se ha encargado de promover la segunda, polarizando día a día a la opinión pública, llevando a que los uribistas vean a los no uribistas (y no, antiuribistas) como el enemigo y no como la contraparte de un debate que debería llevarse con los más altos estándares éticos.

Más lamentable aún es, que hasta ahora los medios de comunicación decidan ocuparse de un asunto tan trascendental como son las funestas consecuencias que tendría una tercera elección o de Uribe, o la aprobación del referendo reeleccionista y no limitarse a preguntarse si el Primer Mandatario aspiraba a un tercer mandato o no (deseo que se evidenció hace mucho). Igual de lamentable es que no sean visibles los válidos argumentos que esgrimen los de oposición y en cambio se limiten a pasar ¨tomas¨ del Presidente cuadrándose la corbata o dándole un abrazo a una anciana campesina en un consejo comunal.

Por esta vez la clase dirigente debería actuar en pro de la sociedad y sus instituciones y no por ser complaciente con el primer mandatario.

Entrevista a Antonio Barreto. Profesor Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Constitucional

15 abril 2009

Con Ojos de Estudiante: ¿Cree usted que con la modificación a la Constitución de 1991 en términos de reelección se alteró el equilibrio de poderes?

Antonio Barreto: Con la reforma a la Constitución del artículo que permite la reelección del Presidente, sin tener en cuenta la modificación que eso introducía en el nombramiento de otras instituciones y de otras entidades de control; claro, afectó el balance de poderes. Una reforma seria y comprensiva de la figura presidencial y de la reelección debería tener en cuenta todos estos impactos en los organismos de control, la banca central y la elección de magistrados. Debería tener en cuenta pero, simplemente no se tuvo en cuenta luego, sí creo que afectó de manera significativa el balance de poderes y eso uno lo ve hoy.

COE: esa modificación fue demandada posteriormente y en la sentencia, la Corte, creo que no se ocupó de los temas importantes. Como decir que debía revisar a fondo la Constitución por parte del Congreso. A mí me parece que a la Corte le faltó empuje no sólo para decir que la modificación a la Constitución era válida sólo por una vez, también una clara alteración de los poderes y para alertar un peligro inminente para la democracia.

AB: Sí. Digamos que la Corte ha tenido dos grandes oportunidades para pronunciarse sobre esto. La que usted se refiere es muy tardía y se dio por otro fenómeno. Entró por el fenómeno de la Yidispolítica. Entonces, la Corte allí ya tenía otras ocupaciones y preocupaciones políticas presentes. Eso debió haber sido materia de esa primera sentencia que avala la moficiación. Lo que pasa es que la Corte tiene una restricción y no puede analizar de fondo, en principio, este tipo de modificaciones a la Constitución; ahí tiene que hacer un análisis de forma. Ahora, la Corte de todas maneras vía el análisis de las competencias que tiene el Congreso para hacer esa modificación ha entrado a hacer elucubraciones de fondo. Pero eso es una crítica que incluso, al interior de la misma Corte ha tenido gran contradicción. Por ejemplo, Sierra Porto, que es el magistrado más antiguo y el constitucionalista de mayor connotación entre ellos, él piensa y lo coloca en su salvamiento de voto, que la Corte no tiene por qué pronunciarse sino sólo en asuntos de forma respecto a las reformas constitucionales.

COE: Claro, porque puede desvariar y puede irse por el lado más político que jurídico.

AB: Exacto, entonces la Corte simplemente se limitó a decir que no sustituía la Constitución, ésa modificación. Haber dicho eso ya fue muy avanzado para lo que se esperaba desde muchos, que dijera. Esos muchos decían que solamente se iba a limitar al análisis de forma. Entonces pensar que la Corte hubiera llegado a decir cosas como esas; que se alteraba el balance de poder no estaba en la mente de muchos porque la Corte hasta ahora estaba avanzando otra tésis política muy avanzada que era: nosotros podemos controlar políticamente al Congreso incluso cuando modifica la Constitución analizando los vicios de competencia.

COE: de aprobarse otra vez la modificación a la Constitución que permita una nueva reelección, ya vimos que ayer se radicó el proyecto de acto legislativa, ¿Qué consecuencias de fondo tendría? Ahí sí tendría que decir la Corte ‘esta vaina no va’, o el Congreso mismo debería decir esto tiene que ir de la mano, digamos, de un estudio muy serio y muy estructurado que tenga en cuenta todos los niveles y todas sus consecuencias porque es en todos los niveles que se verá su impacto.

AB: Claro, claro. Pues en la práctica, si se acepta esta modificación nuevamente sin contemplar el impacto que ello tiene en los organismos de control, en nombramiento de altos funcionarios del Estado, sería nefasto. Mucho más grave de lo que tenemos hoy día. Ahora bien, ¿qué es lo que puede decir el Congreso, qué es lo que puede decir la Corte? El Congreso en principio debe leer a la Corte Constitucional, y la Corte lo que ha dicho hasta ahora es, claramente, que una sola reelección del Presidente no sustituye la Constitución. Lo que dijo fue, una.

COE: Dos ya cambia el panorama…

AB: Dos cambia completamente el panorama, diría yo. Eso tiene un contraargumento fuerte también y que uno no puede desestimar. Y es que varios de la Corte lo han insinuado en las entrevistas…

COE: Como Pinilla…

AB: Como Pinilla, han insinuado que la voz del pueblo es el constituyente primario y que por lo tanto la modificación es viable. Entonces, tenemos esas dos orillas con varios argumentos porque hay más de uno de otro lado. Pero que aquí constitucionalmente está esto para ser debatido, ahora bien, independientemente de los argumentos jurídicos que se enarbolen y se pongan sobre la mesa, aquí ya todos sabemos de qué se está hablando y ya sabemos para dónde vamos.

COE: Ya todas las vías están copadas: el referendo sobre la mesa pero que es probable que lo retiren, con el llamado a indagatoria de Giraldo…

AB: Muy cuestionado y muy salpicado. Con el llamado a indagatoria es un dictamen de fallecimiento. Pero, en este país desafortunadamente hemos visto esperpentos entonces, uno tampoco puede descuidar que el referendo siga su camino. Como está, está súper salpicado y es por eso que sacaron este nuevo salvavidas.

COE: Antonio, ¿cómo blindar a la Corte Constitucional de politiquería?

AB: Esa pregunta es, desde un punto de vista de Estado, de Estadista, usted tiene que tener en cuenta de todas maneras que la Corte Constitucional hace política. Lo que pasa es que no puede hacer política partidista. Ni tampoco que esté siempre en connivencia con el Presidente de turno. Eso es lo que uno como Estadista debe tener en cuenta: por una parte no se trata de aislarlos completamente de la política porque digamos, ese esquema de hecho ya lo tuvo Colombia desde el plebiscito de 1957 a la Constitución de 1991, ellos se nombraban por cooptación. Era una cooptación plena: ellos mismos seleccionaban las listas de elegibles y ellos mismos votaban por esa lista. Entonces, entre nosotros magistrados armamos la lista y entre nosotros votamos para ver quién nos sucede. Eso blindaba completamente a la magistratura de cualquier avance que pudiera tener la política.

COE: Pero eso terminó creando una especie de mafia…

AB: Creó lo que muchos denominaron una aristocracia. Y por la manera como fue iniciado, también es algo falaz decir, aunque algunos lo sostienen pero yo no estoy de acuerdo, que estaba completamente blindada de la política porque la Corte Suprema también debía respetar la regla frentenacionalista de mitad conservadores mitad liberales. Entonces allí también habían puestos mitad conservadores mitad liberales. Por la puerta de atrás también entró la influencia política.

COE: ¿Qué tan malo sería volver a un sistema de cooptación?

AB: Yo no estaría de acuerdo con un sistema de cooptación plena. Yo sí creo que debe haber algún impacto o injerencia de la política. Pero, en el fondo lo más conveniente es combinar el eje de control político con el eje de control meritocrático. Y creo que eso es lo que en estas últimas dinámicas de selección de magistrados, Corte Constitucional y Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es donde se ha visto que el eje de la meritocracia ha venido a relegarse a un segundo plano y eso no puede relegarse a un segundo plano. Entonces hay que mirar esquemas, y por eso le digo que esta discusión es súper amplia es para que uno dictara una materia seis meses, para ver qué esquemas. Yo creo, Santiago, que incluso tres ejes. Un eje, es el eje de lo democrático. Es decir, que tengan alguna sostenibilidad democrática. El segundo es el eje de control político. Es que los políticos, la clase política también tengan algún tipo de acicate en esos magistrados. Finalmente son los altos funcionarios que los van a controlar a ellos. El tercer eje es el meritocrático y es, que tengamos gente competente.

COE: Que es lo que en este momento se pone en tela de juicio…

AB: En la Corte Constitucional lo que está en tela de juicio es si los nuevos magistrados son competentes o no, uno. Pero dos, también lo que está cuestionado es si son fácilmente influenciables a las veleidades políticas del gobernante de turno. Ahí está el eje de control político: qué tanta autonomía tiene.

COE: Recientemente salió un artículo de Uprimny en el que señalaba que los jueces debían ser ingratos para con sus electores. Digamos que esa sería la ingratitud que estaría en tela de juicio con estos nombramientos…

AB: Claro, y esto se ha visto. Está la anécdota de Roosevelt que le preguntan cuáles son sus mayores fallas en el gobierno y él dice que sus mayores fallas fueron haber nominados a los magistrados que nominé para la Corte Suprema de Justicia quienes luego le dieron la espalda y fallaron en contra de él varias cosas.

COE: Antonio, en cuanto al proyecto de ley que se presentó que propone la reelección indefinida de alcaldes y gobernadores, ¿usted cree que está en peligro la democracia colombiana?

AB: Pues a mí la figura de reelección indefinida no me gusta personalmente. No hay una presión para que haya cambios en los gobernantes, haya transición y por lo tanto una modificación y una dinámica en donde varios aspiren y otros nuevos que surgen también puedan aspirar a lo mismo.

COE: Sobretodo en pueblo alejados… Eso tiende a crear los llamados ‘caciques’.

AB: Si usted mira la historia de nuestro país está llena de caciquismos. Está llena de los señores feudales locales. Entonces una regla como ésta facilita justamente, que ellos sigan predominando. Yo sí prefiero instituciones que den nuevos aires. La reelección indefinida no da. Yo simpatizaría con una reelección nada más, sólo una. Es decir, el esquema de que usted gobierne una vez y luego le den otro gobierno en donde el pueblo pueda manifestar su castigo al gobernante por haber gobernado mal, entonces no lo reeligen o su premio al gobernante por qué gobernó bien. A mí me gusta, me parece un buen esquema.

COE: Eso es un buen incentivo, ¿no?

AB: Es un buen incentivo pero máximo dos. De ahí en adelante….

COE: Indefinida es irresponsable….

AB: Indefinida es súper irresponsable porque es un incentivo institucional nocivo para que el mismo gobernante haga todas las movidas posibles para seguir perpetuándose. Él es el que tiene el poder, no uno. Ése es el punto.

COE: Es una clara desventaja para los otros. Es un juego que está desbalanceado. Antonio, ¿cómo hacerle entender a la gente la importancia de la Corte Constitucional y de la protección de la misma?

AB: Esa es una magnífica pregunta. Yo creo que ese es uno de los cambios enormes entre la Constitución de 1886 y la de 1991. EN la de 91 por lo menos, ya varios se empezaron a preguntarse “bueno y ¿Quiénes son esos nueve que comienzan a tener tanto poder, o modifican o tumban reformas tributarias?”. Yo creo que sí es importante que la gente se sensibilice en cuanto a lo que hace la Corte. ¿Cómo? Que es su pregunta… pues digamos la tutela ha ayudado mucho. La tutela ha tenido una labor pedagógica a lo largo y ancho del país, la gente más o menos tiene conocimiento de lo que es la tutela y eso es un modo de responder a su pregunta: con mecanismos que se acerquen más al pueblo. ¿Cuáles? La acción de tutela por ejemplo. Otros, de todas manera para que la gente sepa la importancia son los debates, opinión, cada vez más volver lo que diga la Corte un debate público en donde la gente pueda decir en qué está de acuerdo y desacuerdo.

COE: Como por ejemplo las audiencias públicas que propuso Elección Visible… ¿Esas audiencias públicas se podrían volver requisito para la elección de magistrados?

AB: Pues ojalá se pensara en un procedimiento en donde la gente tuviera voz y ese procedimiento fuera obligatorio. Ciertos pasos, que sean incluso para que la gente sólo sepa, no espacios de veto.

COE: Que no sea un obstáculo digamos…

AB: Exacto. Que sea obligatorio que se llevan a cabo. Yo creo que eso podría ser una buena idea. Elección Visible es una buena iniciativa pero yo creo que amerita un estudio particular para que se dé cuenta la gente que lo que hizo Elección Visible pues fue, muy buena voluntad pero por ser la primera vez no tuvo mucho impacto y eso le conviene a los políticos.

COE: Sobretodo que, tal vez en la última elección los candidatos a magistrados no tenían ninguna esperanza de nada porque ya sabían que hacían parte de las llamadas “ternas de uno”, y ya sabían cuales eran los elegidos. Entonces llegaron y hablaron dos minutos y chao. Creo que ni siquiera fue televisada.

AB: No, no fue televisada. Incluso Valdivieso manifestó su desacuerdo por que parece que las balotas de votación que pasaron sólo tenían un nombre. Es decir, era tan irrespetuoso, tan teledirigido y amañado el procedimiento que no les pasaron la balota con tres nombres sino sólo uno.

¿En qué anda Samuel?

La semana pasada llovía y llovía en Bogotá (y ya se había inundado gracias al río Fucha). Caminaba una tarde por el centro, cerca de la décima dónde las personas se portan como ganado arisco tratando de esquivar las obras de transmilenio, los amigos de lo ajeno y los buses que intentan atropellarlos. Después de caminar un par de cuadras me di cuenta de lo repugnante que me resultaba ese lugar; las basuras se acumulan en todas las esquinas, los habitantes de la calle hacen su necesidades en cualquier poste, los vendedores ambulantes ocupan el pequeño espacio que habilitó el concesionario para los patones en el andén y el smog de los buses y busetas realmente llega al punto de asfixiar cuando se pone la luz del semáforo en verde.

A todas estas me puse a preguntas, ¿qué ha hecho el Alcalde mayor para evitar estos problemas? ¿Dónde está un plan serio que incentive el uso de canecas y la recolección responsable de basuras? ¿Cuándo se empezarán a preocupar por el crecimiento acelerado de la población de habitantes de la calle que en su inmensa mayoría sufren graves trastornos de drogadicción? ¿Cuándo harán que los transportadores cumplan las normas ambientales y chatarricen los vehículos que contaminan irresponsablemente el aire de los bogotanos? ¿Qué pasó con las normas que prohibían la invasión del espacio público?

Es realmente desagradable caminar por la décima. El pequeño corredor está infestado de vendedores ambulantes que tienden sus tapetes e invaden la mitad del camino lo que conlleva a que la gente se estrelle, empuje y hasta pegue por tratar de pasar rápido porque va de afán. No exagero. Falta un control permanente de la Policía para que no monten sus negocios y obstaculicen el paso a los transeúntes en una de las zonas más concurridas de la Ciudad. Ni hablar de la higiene, el lugar está regado de basura por todas partes. Principalmente viene de la gente maleducada que no viendo una caneca al alcance de la mano decide dejarlo caer al piso y seguir su marcha en vez de caminar unos cuantos pasos y esperar encontrar una caneca. Claro está que también influye el factor de los habitantes de la calle y los llamados recicladores que de manera irresponsable y casi criminal rompen las bolsas de las basuras en busca de residuos o materiales que tengan algún uso y no recogen el desastre que dejan. Tampoco la Policía hace los controles estrictos que merece una problemática tan seria para la salud pública.

¿Dónde quedaron esas políticas públicas que apuntaban a la educación de los ciudadados?

También es bien sabido que las mafias del transporte público bogotano le hacen conejo a las normas de tránsito cuando se les da la gana y ningún alcalde ha tenido las agallas para enfrentarlos y ponerlos en su sitio. Tan sólo ayer se supo gracias a un estudio del parlamentario Simón Gaviria preocupantes cifras que revelan que conductores y propietarios de buses le deben millonarias sumas al Distrito en infracciones de tránsito. Tampoco ha logrado el Concejo de Bogotá hacerle frente a esta problemática y aprobar acuerdos que induzcan al infractor a cancelar su deuda con la Ciudad. Un ejemplo de este seria la posible extinción de dominio sobre el vehículo además de la revocatoria del cupo o licencia, bien sea el caso de un taxi o bus de servicio público respectivamente. Tampoco al Congreso le ha importado este tema que bien se puede extender a nivel nacional con los grandes transportadores de pasajeros por carretera, ampliamente reconocidos por ser los mayores causantes de fatales accidentes que dejan miles de muertos al año en las peligrosas vías nacionales.

No obstante lo anterior, el asunto de mayor gravedad me parece el de los habitantes de la calle. Cada vez más se acostumbra a ver en todas las esquinas de Bogotá a estos ciudadanos que vagan por las calles tratando de conseguir plata para comprar la dosis diaria. Es preocupante pensar que cada vez son menos efectivos los planes mediocres con los que cuenta la Alcaldía mayor, y claro está, las menores en sus respectivas localidades. También es preocupante pensar que de salir triunfante la iniciativa oficialista que pretende penalizar el consumo, estos individuos que son verdaderos enfermos con problemas graves y de fondo inevitablemente terminarían en una cárcel. ¿Por qué? Principalmente porque está comprobado que a los adictos no se les puede obligar a dejar de consumir sino que éste debe dejar de hacerlo por iniciativa propia. Recordemos que el proyecto de acto legislativo radicado tiene como sanción al abandono del programa de rehabilitación la pena privativa de libertad en caso de ser encontrado reincidiendo en el consumo.

Parece ser que el Alcalde Samuel tampoco le va a hacer frente a las mafias del transporte. Ni tampoco va a preocuparse por la salud pública de miles de colombianos que caminan por las calles del centro de Bogotá y se encuentran que ese panorama tan repugnante y asqueroso. Es poco probable por igual que intente promover programas educativos que provoquen un efecto positivo en el comportamiento del colectivo.

Frente al tema de los habitantes de la calle, está visto que para nuestros dirigentes ese capital humano vale la suma de cero y no merece ningún tipo de inversión, ni de tiempo ni de plata.

El debate de la dósis personal

El debate de la dosis personal inunda todos los ámbitos de la sociedad. Desde la academia se debate la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional. Desde lo político se preguntan el trasfondo de la iniciativa (¿será por ir en contravía del principal líder de la oposición el ex magistrado Carlos Gaviria ponente de la sentencia o será una estrategia para combatir el narcotráfico?). Hasta los economistas andan sumando y restando para ver de dónde piensa el Gobierno nacional sacar la plata para la implementación de una política pública de grandes magnitudes (piensan cargarle al POS tratamientos de rehabilitación).

Pero en el fondo del debate podemos plantear dos grandes interrogantes: ¿creerá sinceramente el Presidente que castigando al consumidor se reduce la producción? O será por el contrario que el Presidente se inundó de poder y quiere imponer su visión de Estado que no incluye por supuesto, el marco jurídico actual.

El debate no es de poca monta pues, este puede ser el antecedente funesto para que en el futuro se siga desmontando la Constitución de 1991 en contravía de años de evolución del derecho constitucional en Colombia y de defensa activa por los derechos de los colombianos más desfavorecidos. Coartar las libertades individuales es un peligroso camino que Uribe ha comenzado a surcar desde hace no poco tiempo pues, su “ideología” o mejor, sus dogmas no le permiten ver que el prohibicionismo sólo conduce a un incremento no sólo en el consumo, también en la producción. Tampoco se ha dado cuenta el Gobierno de que la experiencia y la academia señalan que es imposible obligar a un adicto a rehabilitarse si no se cuenta con una auténtica voluntad. Voluntad que precisamente no puede ser coactiva. En otras palabras, de aprobarse el proyecto de ley como está millones de pesos se perderían en una lucha idiota.

Si se lee con atención la tan nombrada política de seguridad democrática en su parte que establece la lucha contra el narcotráfico se evidencia que el objetivo es incrementar los obstáculos para la producción y el transporte de la droga. Esta estrategia es totalmente errónea pues, de lograr obstaculizar todos los medios de producción lo que genera es que el negocio se vuelva aún más atractivo para millones de jóvenes de escasos recursos y poca educación que sueñan con ser “traquetos” para tener billete y mujeres.

Dentro de los dogmas del Presidente Uribe, antes liberal hoy el más conservador de todos, se encuentra uno que representa un grave peligro para los colombianos: supone que al ser máxima autoridad también es autoridad moral (jugando el papel de papá de los colombianos, no es extraño que a los periodistas les diga ‘hijitos’). Supone también que entre las tareas de su Gobierno mesiánico está salvar al individuo de sus propias decisiones, sean malas o buenas, por no estar de acuerdo con las del Presidente mismo.

El Presidente Uribe se jacta de ser un demócrata íntegro pero su comportamiento deja mucho que desear. Parece ser que el Presidente que reduce la democracia a las mayorías no cree en las libertades individuales ni tampoco en el poder de la educación. La verdadera solución no está en la prohibición sino en la educación sana y responsable. Está probando que para un líder como él el derecho no existe pues al tener el respaldo de las mayorías puede hacer lo que quiera, justo como Hitler. Y no es por exagerar, el Presidente Uribe puede entonces salir a decir que no tengan sexo por fuera del matrimonio, ni tomen guaro en una fiesta, ni vea pornografía porque es inmoral o peor aún, ¡que diga que es pecado!

Parece además que al Presidente Uribe se le olvidó que este es un país pluricultural y multi religioso y que sus muestras de extrema devoción pueden insultar y peor aún, vulnerar los derechos fundamentales de algunos ciudadanos que simplemente, no simpatizan con el catolicismo pero creen en la política y el derecho, derecho que les permite expresar su religión sin molestar a otros y sin que terceros los molesten a ellos. Sin embargo, en este país se acostumbra (ba) tener un sistema laico que permitía que la Iglesia no se entrometiera en los asuntos de Estado, pero si por Uribe fuera la Iglesia ya tendría su propio ministerio y César Mauricio estaría en su cabeza.

La sentencia de Carlos Gaviria es un tanto permisiva con el consumidor. Creo que el argumento que usa el Gobierno para justificar el proyecto de ley basándose en que los jíbaros se escudan bajo dicha disposición es una falacia de gran magnitud. Si las autoridades hicieran un ejercicio juicioso e hicieran cumplir la normatividad vigente verían que aún se considera como delito la venta de estupefacientes así que; en vez de coartar libertades podemos obligar a las autoridades a cumplir cabalmente su labor. Creo que se podrían revisar los montos que estableció la Corte Constitucional en ese entonces pues 20 gramos de marihuana es una cantidad considerable, como una salida más amable con los ciudadanos y con el ordenamiento constitucional. Al Gobierno le falta imaginación y le sobra poder.

Los nuevos ternados

La reciente publicación de las hojas de vida de los ternados por el Presidente para reemplazar a los magistrados “salientes” (desde hace ya tres meses suplentes ocupan su lugar) de la Corte Constitucional ha generado gran revuelo pues sus méritos, distan de ser los mínimos que requeriría un jurista para ocupar tan importante cargo. Las publicaciones de las que son acreedores en muchos casos no se ocupan de temas constitucionales o que involucren la defensa de derechos fundamentales; a lo mucho son artículos de opinión que reflejan ciertas posturas pero no un conocimiento rico en la materia como el que el cargo lo sugiere.

Esta no es sino otra demostración más de lo poco que le interesa al Presidente el balance de poderes que, entre más lo favorezca menos lo respeta. Actualmente, debido y gracias a la reforma constitucional que permitió la reelección del Presidente de Colombia los poderes que se habían plasmado en la parte orgánica de la Constitución han perdido validez y se encuentran pisoteados por una administración que desconoce el límite de sus poderes y del derecho mismo (y cada vez lo demuestra más).

En medio del ambiente político que ronda por estos días y que ha de permanecer mientras se tramita el referendo reeleccionista y el proyecto de ley que permitiría la reelección indefinida de alcades y gobernadores (y que se dice, podría ser la vía alternativa para que se ‘cuele’ el articulito que permita la de Uribe en caso de naufragar el referendo), no resulta entonces raro que sean abogados de poca trayectoria jurídica específicamente en el campo del derecho constitucional. Pareciera ser que estos candidatos aspiraran a la Sala Civil de la Corte Suprema.

Uribe lo que busca es tener magistrados de bolsillo que demuestren su lealtad frente a Uribe a la hora de dar su visto bueno en el control de constitucional que deben realizar al referendo previo que sea dispuesto a la elección popular (aparte de otros muy delicados e importantes temas que ha de tratar la Corte que se está formando). Así las cosas, todo parece indicar que contra viento y marea Uribe se va a hacer reelegir demostrando que su talante “democráctico” le ha hecho olvidar el sistema jurídico y las reglas de la democracia, que las cambia a su conveniencia.
El nombramiento de los personajes que van a ocupar dichos cargos debe ser algo tomado con la mayor seriedad del mundo pues, no se olvide, el poder de la Corte es muy grande y si queda en manos del ejecutivo no tendremos más democracia sino un sistema autocrático en cabeza del Presidente donde él es que decide a quién juzga y cómo lo juzga.

Al parecer la ambición personal de Uribe está por encima del bienestar de las instituciones y de la democracia colombiana, le vendría bien al “demócrata íntegro” (según lo califica José Obdulio) revisar los principios básicos de una democracia. Democracia en la que se debería resaltar la protección del pensamiento libre en vez de reprimirlo, criminalizarlo y desprestigiarlo con argumentos sesgados que polarizan a los ciudadanos. Democracia en la que deben primar los valores éticos y jurídicos. Democracia que antes, estaba en camino a la consolidación pero que gracias al pensamiento uribista (de que las mayorías son las que deciden todo sin tener en cuenta a las minorías presentes y futuras) cada vez más, parece tambalearse y amenazar con esfumarse.

La Corte Constitucional había sido hasta ahora, una institución donde se permitía el libre pensamiento y la deliberación en un ambiente de alta intelectualidad. Debilitar este modo de trabajo y de pensamiento va en contravía de la democracia, la jurisprudencia y el orden establecido. Reemplazar eminencias del derecho constitucional por abogados que han laborado en despachos privados y ejerciendo el derecho privado no sólo es errado, es moralmente incorrecto y es un hecho que constituye hoy por hoy, una infamia no sólo para el gremio de los juristas sino para Colombia entera. No obstante todo lo anterior, parece ser que Uribe, sueña con un país que no tenga la Constitución de 1991 ni la Corte Constitucional, así lo ha demostrado al menos en sus casi siete años de gobierno.

La Corte Constitucional es un patrimonio de los colombianos, es un patrimonio que ha luchado incesantemente y con gran ahínco por los derechos de todos los ciudadanos y es éste patrimonio, el que está en juego hoy gracias a las malas mañas del Presidente Uribe.

• Rojas Birri no sólo está impedido moralmente sino también jurídicamente para seguir en el cargo que hoy ostenta. Ha perdido el apoyo de sus copartidarios y de la ciudadanía en general. Le haría bien al distrito y a la institución hacerse a un lado mientras se realizan las debidas investigaciones siempre, protegiendo la presunción de inocencia. El personero se debe poder defender pero no bajo la majestuosidad de su cargo.

Parapolítica: verdades y mentiras.

El libro-respuesta que afanosamente publicó (septiembre 2008) el Gobierno central en cabeza de el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria está plagado de ataques personales, argumentos sesgados y un dogmatismo que difícilmente se puede comprender (Claro está, no deberiamos asombrarnos pues es la misma táctica utilizada por el propio Uribe para estigmatizar y polarizar la opinión). José Obdulio tiene la arrogante costumbre de considerar a su interlocutor como un incapaz mental que nada puede opinar, argumentar o mejor aún, comprobar. Basta con leer las primeras cincuenta páginas del libro para darse cuenta del afán del Presidente por “desenlodar” a sus amigos parapolíticos que hoy por hoy, gracias a los informes de Arco Iris que han servido a la justicia en cabeza de la Fiscalía, reposan en La Picota y la Modelo.

José Obdulio comienza recordando a todos los miembros de Arco Iris como si fueran guerrilleros activos hoy. Todos ellos, -los que pertenecieron en su momento al ELN- fueron objeto de amnistías e indultos que vinieron de la mano con el proceso de paz de finales de los ochenta y que en todo caso, no tiene sentido reavivar esos debates pues no alimenta en nada el ambiente de paz que deberia primar y por el contrario, genera odios infundados e intolerancia frente a l. No se puede desconocer su antecedente histórico pues, hace parte de la memoria colectiva. Lo que no se debe es, tachar de ilegítimos o ilegales los datos presentados por Arco Iris por el pasado de sus miembros. Que el que los publique sea un exguerrillero no significa que sean menos ciertos. No es difícil esculcar en las vidas tanto de Uribe como del mismo José Obdulio para encontrar hechos deshonrosos: Uribe y su padre aparecieron en informes de la DEA a principios de los noventa como narcotraficantes, y el segundo, tristemente célebre conocido como primo del extinto rey narco Pablo Escobar. Así que, José Obdulio, a mirar por el retrovisor de otro por que si miramos por el tuyo, nos va de lo peor.

Por otra parte, los argumentos esgrimidos por Gaviria no desvirtúan los movimientos electorales atípicos que presentaron los amigos del gobierno gracias a la ayuda de los paramilitares: lo único que se limita a argumentar es que en una democracia se supone que de unas elecciones a otras, los resultados “terminen siendo atípicos” (Arguye que lo preocupante sería que no fueran atípicos los resultados). Lo que no se tomó la molestia de hacer el ex asesor presidencial –en parte por estar odiando con todas sus fuerzas a Claudia López y atacandola personalmente por su manera de pensar- fue cotejar esas cifras, con las obtenidas en años anteriores sumándole, el hecho de si fueron o no a hacer campaña a esos lugares y no limitándose a argumentar que fueron "impulsados" por estar del lado del candidato Uribe. No se imagina uno por ejemplo, que el Gordo García ande por ahí haciendo campaña en pequeños caseríos de Córdoba.

José Obdulio es una creación mediática como lo afirmó el Senador Benedetti en la Revista Semana del domingo 15 de Marzo, pero además, es una personalidad vacía que no ve más allá de sus propios dogmas y paradigmas. José Obdulio está empeñado en imaginar un país sin la Constitución del 91, que para él, es una desgracia. Tan sólo éste antecedente ya nos debería dar a los colombianos una razón de fondo para replantearnos la idea que tenemos de este personajillo infame. José Obdulio se estanca en sus propios debates semánticos que a nadie interesa, es tan creído y falaz que las palabras que salen de su boca están predeterminadas a hacer un ataque personal, mentiroso y caprichoso y no a desvirtuar los argumentos de fondo.

Lo que más nos debería sorprender a los colombianos, es la peligrosa cercanía que dicen, tenía con el Presidente Uribe. Además de no ser servidor público, razón por la cual un magistrado –ante los ataques y arremetidas contra la CSJ atinadamente no ‘respondió’ a sus ataques porque no gozaba de ningún fuero- ignoró sus palabras, el ex asesor presidencial podía salir a maldecir e insultar a quien se le pasara por el lado sin consideración alguna y sin que nadie lo sancionara por sus posibles intromisiones en asuntos que no son de su "competencia", ni incumbencia.

Demos gracias (¿?) a Uribe por haberlo ‘sacado’ del staff de su despacho. Sin embargo, no podemos olvidar a este prepotente, infame y caricaturesco personaje pues de seguro, nos va a causar muchos dolores de cabeza en el futuro próximo. Se dice, que podría ir al Senado por el nuevo partido uribista que está por formarse. No obstante, también existe el grave peligro de que este insensato dogmático llegue a formar parte de la Honorable e irrespetada –por Uribe- Corte Constitucional. De llegarse a dar la trágica segunda posibilidad, estaríamos en grave peligro no sólo de ver de nuevo un Estado liderado por la Iglesia católica, sino un Estado ya no social de derecho, sino de derecha.