El nombramiento de Ovidio Claros y Pedro Alonso Sanabria pone a temblar a todas las altas Cortes de la rama jurisdiccional.
Por una parte, el primero de ellos, no debió haber sido elegido en primer lugar dado que tiene cuentas pendientes con la justicia, específicamente con la jurisdicción de familia donde cursa un proceso en su contra por no pagar alimentos de sus hijos (¡qué exabrupto: un abogado de tal “talla”!). En segundo lugar, graves acusaciones en su contra por su desempeño como Contralor de Bogotá (actualmente cursa en su contra un proceso de responsabilidad fiscal por contrataciones irregulares). Adicionalmente, el nuevo magistrado de la sala disciplinaria (encargado de juzgar a los que han juzgado a los parlamentarios involucrados en parapolítica) tiene antecedentes que lo vinculan directamente con la política, el clientelismo y unos resultados que poco o nada dicen de una gestión aunque fuera, decente.
Este es uno de los personajes nombrados a dedo por el Presidente Uribe, que en vez de contribuir a fortalecer las instituciones con la participación de grandes juristas que defiendan el Estado social de derecho, muestra un clientelismo que no tiene límites y que lo único que busca es politizar las decisiones de la justicia a través de favores y prebendas.
El segundo personaje, el “Dr.” Sanabria tiene más experiencia en las campañas locales que en el campo del derecho. Mucho menos es un gran jurista, es una cuota directa del cuestionado líder conservador Ciro Ramírez. Todo esto, denunciado por el periodista Daniel Coronell.
Lo que debemos proponer, además de analizar lo que se está proponiendo en la actual reforma a la Justicia y la otra reforma, la política, es en primer lugar: un sistema de elección justo y meritocrático de los jueces de las altas cortes; segundo, que asegure que se lleva una trayectoria intachable no en el mundo político sino en el mundo jurídico, ya sea como abogado privado o como académico además de la obvia y obligatoria opción de la carrera judicial; tercero, que blinde las altas cortes de nombramientos políticos como el de Ovidio Claros y mucho otros; cuarto, establecer inhabilidades obvias como el requisito de no tener procesos judiciales pendientes (que actualmente existe pero al parecer: poco le importa a nuestro Presidente).
Por otra parte, en columna de esta Semana, la periodista María Jimena Duzán hizo la grave acusación según la cual, el magistrado Claros y el magistrado Sanabria, recibirían las tutelas que se interpongan contras las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema, claro está, referidas a los procesos de la parapolítica: no tiene presentación que el nombramiento de estos dos cuestionados personajes obedezca a la intención del Presidente de sacar a sus amigos de los problemas y decisiones de la Justicia.
Por una parte, el primero de ellos, no debió haber sido elegido en primer lugar dado que tiene cuentas pendientes con la justicia, específicamente con la jurisdicción de familia donde cursa un proceso en su contra por no pagar alimentos de sus hijos (¡qué exabrupto: un abogado de tal “talla”!). En segundo lugar, graves acusaciones en su contra por su desempeño como Contralor de Bogotá (actualmente cursa en su contra un proceso de responsabilidad fiscal por contrataciones irregulares). Adicionalmente, el nuevo magistrado de la sala disciplinaria (encargado de juzgar a los que han juzgado a los parlamentarios involucrados en parapolítica) tiene antecedentes que lo vinculan directamente con la política, el clientelismo y unos resultados que poco o nada dicen de una gestión aunque fuera, decente.
Este es uno de los personajes nombrados a dedo por el Presidente Uribe, que en vez de contribuir a fortalecer las instituciones con la participación de grandes juristas que defiendan el Estado social de derecho, muestra un clientelismo que no tiene límites y que lo único que busca es politizar las decisiones de la justicia a través de favores y prebendas.
El segundo personaje, el “Dr.” Sanabria tiene más experiencia en las campañas locales que en el campo del derecho. Mucho menos es un gran jurista, es una cuota directa del cuestionado líder conservador Ciro Ramírez. Todo esto, denunciado por el periodista Daniel Coronell.
Lo que debemos proponer, además de analizar lo que se está proponiendo en la actual reforma a la Justicia y la otra reforma, la política, es en primer lugar: un sistema de elección justo y meritocrático de los jueces de las altas cortes; segundo, que asegure que se lleva una trayectoria intachable no en el mundo político sino en el mundo jurídico, ya sea como abogado privado o como académico además de la obvia y obligatoria opción de la carrera judicial; tercero, que blinde las altas cortes de nombramientos políticos como el de Ovidio Claros y mucho otros; cuarto, establecer inhabilidades obvias como el requisito de no tener procesos judiciales pendientes (que actualmente existe pero al parecer: poco le importa a nuestro Presidente).
Por otra parte, en columna de esta Semana, la periodista María Jimena Duzán hizo la grave acusación según la cual, el magistrado Claros y el magistrado Sanabria, recibirían las tutelas que se interpongan contras las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema, claro está, referidas a los procesos de la parapolítica: no tiene presentación que el nombramiento de estos dos cuestionados personajes obedezca a la intención del Presidente de sacar a sus amigos de los problemas y decisiones de la Justicia.
