Las trabas y el entorpecimiento de procesos jurídicos no son nada nuevo en Colombia. Es común ver en los noticieros cómo salen libres criminales capturados en flagrancia por vencimiento de términos –como sucedió durante la vigencia del paro judicial-. Esto último, a lo que le apunta el famoso Coronel Plazas Vega, otrora encargado de “recuperar la democracia” en aquellos funestos hechos de noviembre de 1985.
No se trata aquí de prejuzgar a alguien a quien la justicia no ha condenado aún, pero sí se trata de reprochar –al menos moralmente- las mañas y trucos que ha utilizado el Coronel para escapar del juicio que se le sigue por el desaparecimiento de algunos sobrevivientes de la toma del palacio por parte del grupo guerrillero M-19. El más reciente truco de su amplio repertorio fue lograr que un juez militar -que probablemente ya está en la mira de las autoridades- alegara competencia dentro del proceso para así suspenderlo y buscar que el expediente se devuelva a la justicia penal militar.
Ya se ha dicho muchas veces antes que para el tipo de delitos que se le imputan al Coronel no se puede considerar como una falta bajo el servicio, sino como un delito que lo debía juzgar la justicia ordinaria y por la misma vía excluir a la penal militar. Se ha visto antes el favorecimiento que se les ha dado a algunos miembros de la fuerza pública cuando se les siguen procesos de ésta índole bajo la justicia militar y por eso, la jurisprudencia ha sentado el precedente para que esos casos de delitos que involucran DDHH sean investigados y juzgados por vía ordinaria.
Han pasado ya más de veinte años sin que se sepa a ciencia cierta las condiciones de tiempo, modo y lugar en que fallecieron los sobrevivientes de la toma aquél noviembre. Las víctimas siguen exigiendo verdad y justicia en un acto de valentía y persistencia. Ahora todo está en manos del Consejo Superior de la Judicatura que se encargará de resolver este conflicto de competencia. Deja mucho que desear un personaje que se trata de escabullir a la justicia en vez de enfrentarla con tranquilidad.
Una vez más, una muestra clara de cómo en Colombia los deberes morales siempres van por debajo de los intereses personales.
Por otra parte, esta va a ser una oportunidad para que la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se estrene y demuestre que a pesar de haber sufrido los embates de los nombramientos políticos –gracias al Presidente Uribe- puede decidir en derecho y ajustarse al orden constitucional.
