La semana pasada llovía y llovía en Bogotá (y ya se había inundado gracias al río Fucha). Caminaba una tarde por el centro, cerca de la décima dónde las personas se portan como ganado arisco tratando de esquivar las obras de transmilenio, los amigos de lo ajeno y los buses que intentan atropellarlos. Después de caminar un par de cuadras me di cuenta de lo repugnante que me resultaba ese lugar; las basuras se acumulan en todas las esquinas, los habitantes de la calle hacen su necesidades en cualquier poste, los vendedores ambulantes ocupan el pequeño espacio que habilitó el concesionario para los patones en el andén y el smog de los buses y busetas realmente llega al punto de asfixiar cuando se pone la luz del semáforo en verde.
A todas estas me puse a preguntas, ¿qué ha hecho el Alcalde mayor para evitar estos problemas? ¿Dónde está un plan serio que incentive el uso de canecas y la recolección responsable de basuras? ¿Cuándo se empezarán a preocupar por el crecimiento acelerado de la población de habitantes de la calle que en su inmensa mayoría sufren graves trastornos de drogadicción? ¿Cuándo harán que los transportadores cumplan las normas ambientales y chatarricen los vehículos que contaminan irresponsablemente el aire de los bogotanos? ¿Qué pasó con las normas que prohibían la invasión del espacio público?
Es realmente desagradable caminar por la décima. El pequeño corredor está infestado de vendedores ambulantes que tienden sus tapetes e invaden la mitad del camino lo que conlleva a que la gente se estrelle, empuje y hasta pegue por tratar de pasar rápido porque va de afán. No exagero. Falta un control permanente de la Policía para que no monten sus negocios y obstaculicen el paso a los transeúntes en una de las zonas más concurridas de la Ciudad. Ni hablar de la higiene, el lugar está regado de basura por todas partes. Principalmente viene de la gente maleducada que no viendo una caneca al alcance de la mano decide dejarlo caer al piso y seguir su marcha en vez de caminar unos cuantos pasos y esperar encontrar una caneca. Claro está que también influye el factor de los habitantes de la calle y los llamados recicladores que de manera irresponsable y casi criminal rompen las bolsas de las basuras en busca de residuos o materiales que tengan algún uso y no recogen el desastre que dejan. Tampoco la Policía hace los controles estrictos que merece una problemática tan seria para la salud pública.
¿Dónde quedaron esas políticas públicas que apuntaban a la educación de los ciudadados?
También es bien sabido que las mafias del transporte público bogotano le hacen conejo a las normas de tránsito cuando se les da la gana y ningún alcalde ha tenido las agallas para enfrentarlos y ponerlos en su sitio. Tan sólo ayer se supo gracias a un estudio del parlamentario Simón Gaviria preocupantes cifras que revelan que conductores y propietarios de buses le deben millonarias sumas al Distrito en infracciones de tránsito. Tampoco ha logrado el Concejo de Bogotá hacerle frente a esta problemática y aprobar acuerdos que induzcan al infractor a cancelar su deuda con la Ciudad. Un ejemplo de este seria la posible extinción de dominio sobre el vehículo además de la revocatoria del cupo o licencia, bien sea el caso de un taxi o bus de servicio público respectivamente. Tampoco al Congreso le ha importado este tema que bien se puede extender a nivel nacional con los grandes transportadores de pasajeros por carretera, ampliamente reconocidos por ser los mayores causantes de fatales accidentes que dejan miles de muertos al año en las peligrosas vías nacionales.
No obstante lo anterior, el asunto de mayor gravedad me parece el de los habitantes de la calle. Cada vez más se acostumbra a ver en todas las esquinas de Bogotá a estos ciudadanos que vagan por las calles tratando de conseguir plata para comprar la dosis diaria. Es preocupante pensar que cada vez son menos efectivos los planes mediocres con los que cuenta la Alcaldía mayor, y claro está, las menores en sus respectivas localidades. También es preocupante pensar que de salir triunfante la iniciativa oficialista que pretende penalizar el consumo, estos individuos que son verdaderos enfermos con problemas graves y de fondo inevitablemente terminarían en una cárcel. ¿Por qué? Principalmente porque está comprobado que a los adictos no se les puede obligar a dejar de consumir sino que éste debe dejar de hacerlo por iniciativa propia. Recordemos que el proyecto de acto legislativo radicado tiene como sanción al abandono del programa de rehabilitación la pena privativa de libertad en caso de ser encontrado reincidiendo en el consumo.
Parece ser que el Alcalde Samuel tampoco le va a hacer frente a las mafias del transporte. Ni tampoco va a preocuparse por la salud pública de miles de colombianos que caminan por las calles del centro de Bogotá y se encuentran que ese panorama tan repugnante y asqueroso. Es poco probable por igual que intente promover programas educativos que provoquen un efecto positivo en el comportamiento del colectivo.
Frente al tema de los habitantes de la calle, está visto que para nuestros dirigentes ese capital humano vale la suma de cero y no merece ningún tipo de inversión, ni de tiempo ni de plata.
martes, 14 de abril de 2009
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