El debate de la dósis personal

El debate de la dosis personal inunda todos los ámbitos de la sociedad. Desde la academia se debate la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional. Desde lo político se preguntan el trasfondo de la iniciativa (¿será por ir en contravía del principal líder de la oposición el ex magistrado Carlos Gaviria ponente de la sentencia o será una estrategia para combatir el narcotráfico?). Hasta los economistas andan sumando y restando para ver de dónde piensa el Gobierno nacional sacar la plata para la implementación de una política pública de grandes magnitudes (piensan cargarle al POS tratamientos de rehabilitación).

Pero en el fondo del debate podemos plantear dos grandes interrogantes: ¿creerá sinceramente el Presidente que castigando al consumidor se reduce la producción? O será por el contrario que el Presidente se inundó de poder y quiere imponer su visión de Estado que no incluye por supuesto, el marco jurídico actual.

El debate no es de poca monta pues, este puede ser el antecedente funesto para que en el futuro se siga desmontando la Constitución de 1991 en contravía de años de evolución del derecho constitucional en Colombia y de defensa activa por los derechos de los colombianos más desfavorecidos. Coartar las libertades individuales es un peligroso camino que Uribe ha comenzado a surcar desde hace no poco tiempo pues, su “ideología” o mejor, sus dogmas no le permiten ver que el prohibicionismo sólo conduce a un incremento no sólo en el consumo, también en la producción. Tampoco se ha dado cuenta el Gobierno de que la experiencia y la academia señalan que es imposible obligar a un adicto a rehabilitarse si no se cuenta con una auténtica voluntad. Voluntad que precisamente no puede ser coactiva. En otras palabras, de aprobarse el proyecto de ley como está millones de pesos se perderían en una lucha idiota.

Si se lee con atención la tan nombrada política de seguridad democrática en su parte que establece la lucha contra el narcotráfico se evidencia que el objetivo es incrementar los obstáculos para la producción y el transporte de la droga. Esta estrategia es totalmente errónea pues, de lograr obstaculizar todos los medios de producción lo que genera es que el negocio se vuelva aún más atractivo para millones de jóvenes de escasos recursos y poca educación que sueñan con ser “traquetos” para tener billete y mujeres.

Dentro de los dogmas del Presidente Uribe, antes liberal hoy el más conservador de todos, se encuentra uno que representa un grave peligro para los colombianos: supone que al ser máxima autoridad también es autoridad moral (jugando el papel de papá de los colombianos, no es extraño que a los periodistas les diga ‘hijitos’). Supone también que entre las tareas de su Gobierno mesiánico está salvar al individuo de sus propias decisiones, sean malas o buenas, por no estar de acuerdo con las del Presidente mismo.

El Presidente Uribe se jacta de ser un demócrata íntegro pero su comportamiento deja mucho que desear. Parece ser que el Presidente que reduce la democracia a las mayorías no cree en las libertades individuales ni tampoco en el poder de la educación. La verdadera solución no está en la prohibición sino en la educación sana y responsable. Está probando que para un líder como él el derecho no existe pues al tener el respaldo de las mayorías puede hacer lo que quiera, justo como Hitler. Y no es por exagerar, el Presidente Uribe puede entonces salir a decir que no tengan sexo por fuera del matrimonio, ni tomen guaro en una fiesta, ni vea pornografía porque es inmoral o peor aún, ¡que diga que es pecado!

Parece además que al Presidente Uribe se le olvidó que este es un país pluricultural y multi religioso y que sus muestras de extrema devoción pueden insultar y peor aún, vulnerar los derechos fundamentales de algunos ciudadanos que simplemente, no simpatizan con el catolicismo pero creen en la política y el derecho, derecho que les permite expresar su religión sin molestar a otros y sin que terceros los molesten a ellos. Sin embargo, en este país se acostumbra (ba) tener un sistema laico que permitía que la Iglesia no se entrometiera en los asuntos de Estado, pero si por Uribe fuera la Iglesia ya tendría su propio ministerio y César Mauricio estaría en su cabeza.

La sentencia de Carlos Gaviria es un tanto permisiva con el consumidor. Creo que el argumento que usa el Gobierno para justificar el proyecto de ley basándose en que los jíbaros se escudan bajo dicha disposición es una falacia de gran magnitud. Si las autoridades hicieran un ejercicio juicioso e hicieran cumplir la normatividad vigente verían que aún se considera como delito la venta de estupefacientes así que; en vez de coartar libertades podemos obligar a las autoridades a cumplir cabalmente su labor. Creo que se podrían revisar los montos que estableció la Corte Constitucional en ese entonces pues 20 gramos de marihuana es una cantidad considerable, como una salida más amable con los ciudadanos y con el ordenamiento constitucional. Al Gobierno le falta imaginación y le sobra poder.