Los nuevos ternados

La reciente publicación de las hojas de vida de los ternados por el Presidente para reemplazar a los magistrados “salientes” (desde hace ya tres meses suplentes ocupan su lugar) de la Corte Constitucional ha generado gran revuelo pues sus méritos, distan de ser los mínimos que requeriría un jurista para ocupar tan importante cargo. Las publicaciones de las que son acreedores en muchos casos no se ocupan de temas constitucionales o que involucren la defensa de derechos fundamentales; a lo mucho son artículos de opinión que reflejan ciertas posturas pero no un conocimiento rico en la materia como el que el cargo lo sugiere.

Esta no es sino otra demostración más de lo poco que le interesa al Presidente el balance de poderes que, entre más lo favorezca menos lo respeta. Actualmente, debido y gracias a la reforma constitucional que permitió la reelección del Presidente de Colombia los poderes que se habían plasmado en la parte orgánica de la Constitución han perdido validez y se encuentran pisoteados por una administración que desconoce el límite de sus poderes y del derecho mismo (y cada vez lo demuestra más).

En medio del ambiente político que ronda por estos días y que ha de permanecer mientras se tramita el referendo reeleccionista y el proyecto de ley que permitiría la reelección indefinida de alcades y gobernadores (y que se dice, podría ser la vía alternativa para que se ‘cuele’ el articulito que permita la de Uribe en caso de naufragar el referendo), no resulta entonces raro que sean abogados de poca trayectoria jurídica específicamente en el campo del derecho constitucional. Pareciera ser que estos candidatos aspiraran a la Sala Civil de la Corte Suprema.

Uribe lo que busca es tener magistrados de bolsillo que demuestren su lealtad frente a Uribe a la hora de dar su visto bueno en el control de constitucional que deben realizar al referendo previo que sea dispuesto a la elección popular (aparte de otros muy delicados e importantes temas que ha de tratar la Corte que se está formando). Así las cosas, todo parece indicar que contra viento y marea Uribe se va a hacer reelegir demostrando que su talante “democráctico” le ha hecho olvidar el sistema jurídico y las reglas de la democracia, que las cambia a su conveniencia.
El nombramiento de los personajes que van a ocupar dichos cargos debe ser algo tomado con la mayor seriedad del mundo pues, no se olvide, el poder de la Corte es muy grande y si queda en manos del ejecutivo no tendremos más democracia sino un sistema autocrático en cabeza del Presidente donde él es que decide a quién juzga y cómo lo juzga.

Al parecer la ambición personal de Uribe está por encima del bienestar de las instituciones y de la democracia colombiana, le vendría bien al “demócrata íntegro” (según lo califica José Obdulio) revisar los principios básicos de una democracia. Democracia en la que se debería resaltar la protección del pensamiento libre en vez de reprimirlo, criminalizarlo y desprestigiarlo con argumentos sesgados que polarizan a los ciudadanos. Democracia en la que deben primar los valores éticos y jurídicos. Democracia que antes, estaba en camino a la consolidación pero que gracias al pensamiento uribista (de que las mayorías son las que deciden todo sin tener en cuenta a las minorías presentes y futuras) cada vez más, parece tambalearse y amenazar con esfumarse.

La Corte Constitucional había sido hasta ahora, una institución donde se permitía el libre pensamiento y la deliberación en un ambiente de alta intelectualidad. Debilitar este modo de trabajo y de pensamiento va en contravía de la democracia, la jurisprudencia y el orden establecido. Reemplazar eminencias del derecho constitucional por abogados que han laborado en despachos privados y ejerciendo el derecho privado no sólo es errado, es moralmente incorrecto y es un hecho que constituye hoy por hoy, una infamia no sólo para el gremio de los juristas sino para Colombia entera. No obstante todo lo anterior, parece ser que Uribe, sueña con un país que no tenga la Constitución de 1991 ni la Corte Constitucional, así lo ha demostrado al menos en sus casi siete años de gobierno.

La Corte Constitucional es un patrimonio de los colombianos, es un patrimonio que ha luchado incesantemente y con gran ahínco por los derechos de todos los ciudadanos y es éste patrimonio, el que está en juego hoy gracias a las malas mañas del Presidente Uribe.

• Rojas Birri no sólo está impedido moralmente sino también jurídicamente para seguir en el cargo que hoy ostenta. Ha perdido el apoyo de sus copartidarios y de la ciudadanía en general. Le haría bien al distrito y a la institución hacerse a un lado mientras se realizan las debidas investigaciones siempre, protegiendo la presunción de inocencia. El personero se debe poder defender pero no bajo la majestuosidad de su cargo.